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El gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se ha autodefinido como el de la Cuarta Transformación, es decir, ha trazado una teleología donde el actual gobierno no sólo implica un cambio partidario respecto al pasado reciente (cuando gobernaron Enrique Peña Nieto y el PRI), sino un cambio de régimen. De tal suerte que la actual administración deviene una suerte de depositaria de las gestas heroicas del pasado, pues, así como la Independencia de México1 ; la Reforma2 ; y la Revolución Mexicana3 tuvieron hondas implicaciones en el derrotero de la historiografía nacional, la Cuarta Transformación busca tener un peso semejante en el veleidoso juicio de la historia.

Aunque no es el objetivo del presente artículo inferir acerca del derrotero y las implicaciones que ha acarreado la Cuarta Transformación, podemos plantear, de manera sucinta, que en determinadas circunstancias sí ha mostrado ser una ruptura respecto al pasado reciente. Ejemplo de ello es que, durante casi dos décadas (de 1997 a 2018) proliferaron los gobiernos divididos y ningún partido tuvo mayoría en el Congreso, hecho que dificultó el dinamismo gubernamental, así como el cumplimiento de las agendas presidenciales. De tal suerte que, de 1997 al 2018, hubo mayorías relativas, y el fuerte presidencialismo que caracterizó al denominado Nacionalismo Revolucionario, fue diluyéndose de manera paulatina.

Cabe destacar que, durante la época en mención, los partidos gobernantes perdieron sus exiguas mayorías parlamentarias durante las denominadas elecciones intermedias. Asimismo, tres partidos políticos dominaron la agenda gubernamental durante la época en cuestión: el Partido Revolucionario Institucional (que dominó el quehacer político nacional desde su fundación, en 1929, hasta el año 2000, cuando se gestó la denominada Primera Alternancia), el Partido Acción Nacional (principal partido de oposición desde su fundación, en 1939) y el Partido de la Revolución Democrática (el partido más importante de las izquierdas durante décadas, destacadamente de 1989, hasta su declive, en 2018); no sin ambages, los tres se repartieron diversas parcelas de poder –a nivel nacional y regional– en el lapso de tiempo anteriormente mencionado.

Este esquema se modificó a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, en 2018. Si bien, López Obrador comenzó su trayectoria política en los partidos tradicionales (siendo en su juventud, miembro priista en Tabasco; alcanzando el reconocimiento nacional como líder nacional del PRD y Jefe de Gobierno del DF), a partir de 2012 defeccionó del PRD y fundó el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) actual partido gobernante. Tras comenzar como un pequeño partido que cosechaba victorias pírricas a nivel nacional –salvo el caso de la Ciudad de México en 2015, donde obtuvo un apoyo considerable–, logró dar el sorpasso en 2018, cuando consiguió –además de la Presidencia de la República– la mayoría en ambas cámaras, además de la victoria en varias entidades.

Como planteamos al inicio de este ensayo, pudo verse un cambio de modelo, pues la Presidencia de la República quedó fuertemente fortalecida –como no había sucedido desde los tiempos de la transición democrática–, mientras se consolidó un nuevo partido en ascenso; contra otros que perdían posiciones aceleradamente.

Es importante decir que la narrativa gubernamental no sólo contempló los hechos tangibles, sino los simbólicos. Si, durante treinta y seis años –es decir, desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), hasta el de Enrique Peña Nieto (2012-2018)– el neoliberalismo había sido el eje rector de la política y la economía, a partir de 2018 se desarrollaría un cambio (hecho que aún es discutido por diversos especialistas). De hecho, en 2019, el propio Presidente López Obrador decretó, en 2019, el final del neoliberalismo (La Jornada, 2019). Este presunto desenlace –como lo denominaremos– ha tenido impacto en la retórica gubernamental que se ha venido trazando a partir de entonces; más aún, con la Reforma Educativa aprobada a inicios de ese año, y que venía a ser un punto de inflexión respecto a la anterior. Sin embargo, en la praxis gubernamental pueden verse claroscuros, pues aunque el modelo neoliberal desapareció del discurso, y ha pasado de ser implementado a condenado, cabe preguntarse si, efectivamente, sigue operando con cortapisas. En este tenor, conviene preguntarnos si, en el ámbito educativo hay una ruptura como tal, o un continuismo matizado (a la usanza anterior).

Antecedentes del quehacer educativo en México

Durante muchos años –podemos decir que desde hace más de un siglo– la política educativa en México no ha tenido una duración a largo plazo. Máxime, cuando muchas veces, los postulados ideológicos sexenales han hecho mella en el ámbito educativo, como parece haber sido más la regla que la excepción. Sin embargo, en todo este largo proceso ha habido luces y sombras.

Durante el Porfiriato, con el advenimiento del Positivismo; hasta el nacionalismo revolucionario (cuando se implementaron diversos modelos educativos que estaban en boga durante las temporalidades en mención) (Yurén Camarena, 2010), se buscó configurar modelos educativos que respondieran a las necesidades sociales perseguidas por el estado en un momento determinado (Ibídem).

El enunciado anterior no encierra un propósito oculto, sino un hecho consustancial a los gobiernos, que se ha realizado desde el surgimiento de la escuela moderna (Durkheim). Empero, Vargas Lozano (2010) refiere que hubo una variable respecto al pasado reciente y remoto: comenta que, mientras en los primeros programas educativos –incluido el positivista– tuvieron una adaptación con respecto a la realidad nacional; ello no ocurrió con el modelo de las competencias, el cual, de acuerdo a Vargas, fue exportado intacto de otras naciones; instalándose con calzador en el currículo educativo nacional.

a) Neoliberalismo en la Educación, claroscuros en política y currículo educativos

Respecto a lo enunciado por Vargas Lozano en el apartado anterior, podemos referir que no constituye una irregularidad, sino una regla del quehacer educativo que se vino suscitando al calor de tres décadas y media. El propio Vargas Lozano establece que dichas enmiendas no surgieron del ímpetu reformista de los gobiernos en turno, sino que fueron condicionadas por organismos internacionales supranacionales (como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para brindar apoyos económicos, mismos que eran requeridos por el gobierno mexicano para remontar su delicada situación financiera (Ibídem).

Dichas enmiendas tenían un objetivo muy claro: focalizar la educación en los niveles básicos y garantizar la universidad solamente a los estudiantes más capaces. Para lograr este propósito, se harían filtros destinados a cumplir este propósito; así como para encauzar a la población idónea para que se condujera de dicha manera.

Esto discurría a contrapelo de como había venido constituyéndose la labor educativa a lo largo del siglo XX, con especial influjo en el Nacionalismo Revolucionario. Si, hasta la década de 1980, los gobiernos de diverso signo pusieron un especial énfasis en aumentar la cobertura educativa –en todos los niveles– y se construyeron diversas casas de estudio en la provincia mexicana durante el período en mención; a partir del advenimiento neoliberal se modificarían las reglas del juego. De acuerdo a estas nuevas reglas, había que garantizar el arribo de la educación básica a todas las latitudes del país. Sin embargo, el avance de la educación superior y media superior, sería un ámbito en el cual el gobierno pondría una especie de freno de mano, pues, para los organismos rectores a nivel mundial, lo relevante era la difusión del quehacer educativo en sus fases más tempranas; no así en sus superiores, operando una suerte de embudo tanto a nivel nacional, como regional.

La Política Educativa Neoliberal. Lapso de contradicciones y claroscuros (1982-1988)

A partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se pusieron los cimientos de lo que a postre se conocería como política educativa neoliberal. De la mano de don Jesús Reyes Heroles, quien fungió como titular de la SEP entre 1982 y 1985, se echó a andar lo que se denominaría como una Modernización Educativa (Yurén, 2010). Se comentaba que, hasta la octava década del siglo XX, se había logrado tener un importante avance en cobertura educativa a nivel nacional, así como en el abatimiento del analfabetismo. Empero, diversos analistas empezaron a blandir la idea de que se había sacrificado la maximización por calidad. En “La Catástrofe Silenciosa”, Gilberto Guevara Niebla (1992) esgrime que, aunque el organigrama educativo se había extendido por las diversas latitudes de la República Mexicana, el nivel alcanzado por la misma era lamentable, motivo por el cual era menester echar a andar diversos programas de evaluación y planificación, en aras de hacerla sostenible y acorde a las circunstancias de la época; moldeándola para los requerimientos –sociales y políticos– con los cuales contaba la nación en ese momento.

A partir de ese momento, comenzó a sonar como una constante el llamado de los expertos –y de los gobiernos–, para evaluar y eventualmente mejorar el desempeño docente. Pensaban que si se hacían mediciones y se daban incentivos, el nivel educativo tendría un mejor desempeño. Este punto se sucedió en todos los niveles educativos. Desde el básico (Street) hasta el superior (Gil-Antón) se echaron a andar diversos mecanismos que pretendían fortalecer la labor del investigador, desde la carrera magisterial (Street, op.cit), hasta los escalafones universitarios vía el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (Gil-Antón, op.cit). A pesar de las buenas pretensiones, ambos autores (Street y Gil-Antón) señalan en que las medidas implementadas, a partir de la década de 1980, no tuvieron el éxito esperado, pues, aunque determinados profesores, con producción y currículum excelente, pudieron aprovecharlas para tener mejores estipendios, esto contribuyó a desarticular el sindicalismo y la lucha magisterial (Ibídem). Además, no se logró la tan buscada y sonada calidad pues, debido a la individualidad intrínseca a estas medidas, los avances fueron más a título personal, en lugar de colectivos o gremiales.

En el mismo tenor, esta evaluación, que se fue extendiendo a diversas esferas de lo educativo, fue vista como la panacea por algunos sectores, aunque señalada por otros. Así, desde el denominado Primer Mundo, gente como Peter McLaren (1997) critica la unilateridad y la pretendida neutralidad intrínseca al proceso evaluador, pues, infiere, el examen que es utilizado en Estados Unidos [para medir el desempeño estudiantil] solamente considera una batería de aspectos sumamente cuantitativos, pero soslaya otras cuestiones de índole humanística. Aunado a ello, refiere que intereses corporativos están plegados al presunto interés evaluador del gobierno norteamericano. Chomsky (2015) coincide con la perspectiva de McLaren, pues, infiere que, en algunos casos, se ha olvidado la enseñanza formal en aras de decirle al estudiantado norteamericano cómo responder correctamente la prueba en mención. Para el caso nacional, Pérez Rocha (2017) realiza una puntilluda crítica a las evaluaciones nacionales que habían sido la panacea hasta el sexenio anterior, llegando a la misma conclusión que diversos observadores críticos: a pesar de la narrativa y el aparato de difusión, no habían dado los resultados esperados.

A pesar de esto, la evaluación en los diversos niveles, fue más la regla que la excepción que se fue construyendo durante los gobiernos neoliberales. Sin embargo, por más que no se obtuvieran los resultados esperados, las administraciones se resistían a modificar la estrategia, así fuera de manera sutil.

Evaluación y currículo. La Reforma del 2013 como punto culminante y de inflexión

Si bien los gobiernos de la transición, trabajaron en la consabida evaluación, así como con los premios y castigos, los mayores cambios se dieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), con especial énfasis en el primer cuarto del mismo, cuando –coaligado con las oposiciones del PAN y el PRD– se signó el denominado Pacto por México.

En el pacto en mención4, se acordó realizar una serie de reformas que eran necesarias a la luz de la realidad neoliberal, pero que habían sido rechazadas por una parte de las partidos en el curso, debido a la impopularidad implícita que llevaba aceptarlas.5 En este tenor, se acordó realizar enmiendas en el ramo de las telecomunicaciones, energía y educación (entre otras); mismas que contaron con el beneplácito de las cúpulas partidarias, aunque causaron división en el seno de los partidos6. Esto porque –en el caso de las izquierdas– se contraponía a su eje programático y contradecía tesis que históricamente habían venido defendiendo, motivo por el cual no contaron con el aval de todos sus correligionarios.

Cada una de estas enmiendas tuvo particularidades que sería largo describir, y no es el leitmotiv del presente ensayo hacerlo de manera puntual. Empero, como el presente artículo busca reflexionar acerca del devenir educativo, haremos énfasis en la enmienda en cuestión, la cual fue materia de análisis y de fuertes discusiones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Podemos esgrimir, sin lugar a dudas, que la reforma educativa del 2013 implicó una ruptura paradigmática. Esto porque, si, durante las primeras partes del período neoliberal, se había prodigado la evaluación como una panacea, a partir de la enmienda del 2013, se institucionalizó, pero con características que rayaban en lo punitivo.

Cabe destacar, la reforma en cuestión dividió opiniones de los expertos, pues, algunos sostuvieron que sí se trataba de una enmienda de carácter educativo; mientras otros sostuvieron que se trataba de una modificación atrabilaria, la cual afectaría la permanencia en el empleo de los docentes del país. Guevara Niebla (2016) sostuvo la primera tesis. Volviendo al corpus programático aprobado en 2013, sostenía que las modificaciones sí versaban en el ámbito educacional y que, a la larga, conducirían al quehacer académico a un eventual mejoramiento. Una tesis semejante es sostenida por Romero Vadillo (2021); aunque sin incidir completamente en el devenir educacional –el cual soslaya, sí parcial, aunque no enteramente–. En el texto en mención, Romero (Ibídem) refiere que [la reforma del 2013] permitió al estado mexicano sacudirse a los intereses creados y recuperar la potestad del ámbito educativo7, pues permitía encarrilar al profesorado nacional a través de consecución de metas, las cuales estarían focalizadas en la educación de calidad como panacea; garantizando que los mejores maestros serían los que aprovecharan la meritocracia académica. En tanto, Backhoff (2021) deslizaba que el trabajo evaluador había sido bueno, pues había permitido elevar la calidad educativa y las mediciones a lo largo del período en cuestión.

A contrapelo de las posturas anteriores, Pérez Rocha (2016) esgrime que la reforma educativa del 2013 no fue educativa, sino laboral, pues su contenido curricular era muy exiguo, y más bien se focalizaba en recetas preconcebidas, las cuales habían sido históricamente sostenidas por los organismos internacionales, deslizando que, incluso, expertos como Felipe Martínez Rizo (quien había sido director del INEE durante el gobierno de Felipe Calderón), se había mostrado crítico con el modus operandi de la enmienda en cuestión. En este mismo tenor, la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), planteó la realización de unos foros donde se discutiera el contenido curricular de la reforma propuesta. A pesar del esfuerzo sostenido, los sitios de discusión fueron olímpicamente ignorados por el oficialismo, el cual, a pesar de haber dado oportunidad de deliberar acerca de la enmienda, ya traía la consigna de aprobarla, no obstante los claroscuros que encerraba (Pérez Rocha, 2016).

Al final, la reforma fue echada a andar, pero teniendo múltiples resistencias sobre todo del sector magisterial8, el cual se inconformó -con justas razones- por los motivos planteados con anterioridad. A pesar de la defensa a ultranza realizada por una parte de la comentocracia nacional, así como por parte de la denominada sociedad civil Mexicanos Primero (Hernández Navarro, 2017), lo cierto es que la pretendida reforma se fue debilitando cada vez más. Curricularmente parecía ser una extensión de lo que se había venido ofreciendo a lo largo de los últimos sexenios; mientras políticamente era una carta marcada, por la exclusión del magisterio como un actor preponderante en el quehacer educativo.

A raíz de ello, la reforma acabó agotándose conforme el sexenio fenecía. A la hora de las elecciones, nadie se atrevió a defenderla en los términos que había sido concebida, pues el grueso de los partidos buscaba el apoyo magisterial, mismo que había sido desestimado con antelación. De tal suerte que, José Antonio Meade, candidato del oficialismo, llevó a cabo una tímida defensa de la enmienda; mientras Ricardo Anaya (PAN) sugirió que había aspectos qué mejorar, no obstante su pertinencia. Pero la voz más disonante fue la de Andrés Manuel López Obrador (MORENA), quien dispuso que, de vencer en la gesta electoral se cancelaría la “mal llamada reforma educativa”, planteando una coartada semejante a la vertida por los expertos y la izquierda militante: que la enmienda existente no era una legislación de carácter educativo, sino de carácter laboral para perjudicar al magisterio mexicano. Por lo mismo, contó con el apoyo, tanto de la CNTE9 y de gran parte del SNTE, pues gran parte de los maestros y maestras de México deseaban cambios en la política educativa, que dejaran atrás la punitividad que había permeado en el pasado reciente. A este respecto, el gobierno de López Obrador prometerá una ruptura. Pero habrá que ver si la misma se habrá consumado; o si, por el contrario, será un disfraz de las políticas seguidas durante los seis sexenios anteriores. En los apartados siguientes reflexionaremos al respecto.

Nueva Escuela Mexicana ¿continuismo o cambio de paradigma?

Una vez llegado al poder, Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis en las rupturas con el pasado reciente, más allá de los eventuales continuismos. Aduciendo una consabida pérdida de rumbo, el Presidente López incluso decretó el fin del neoliberalismo gubernamental y continuamente desliza críticas en sus alocuciones matinales. Empero, a estas alturas del partido, resulta complejo inquirir cuál es el rumbo que el país ha tomado por espacio del presente sexenio, pues aunque oficialmente el neoliberalismo se terminó, resulta complejo determinar si otro modelo o tomado su lugar.

Referente a las cuestiones educativas, el debate sigue más vigente que nunca. Gilberto Guevara Niebla (2021) sostiene que no encuentra lógica en la política educativa del presente sexenio, pues no encuentra un plan de acción coherente a realizar, sobre todo en el ámbito curricular. Asimismo, plantea que la política de austeridad ha sido lesiva y ha asfixiado el quehacer educativo, pues se ha reducido bastante el gasto en educación, al tiempo que –plantea– el gasto en becas no ha sido correctamente focalizado. Aunado a ello, sostiene que la supuesta ruptura paradigmática –en la enmienda del presente sexenio– queda sólo en eso, en supuesto, pues, aduce, algunos vocablos notables del modelo anterior, sólo fueron sustituidos por otros que resultasen más amables a la terminología imperante. Como ejemplo de ello, destaca el hecho de que la categoría calidad fue sustituida por la de excelencia; destacando que se visualiza una ruptura en las formas, pero no en el fondo (se sostiene el mismo currículo con un discurso disruptivo).

Romero Vadillo (2021) en tanto, califica a la presente reforma educativa como una regresión, pues, refiere, mientras la anterior tenía la calidad como cenit y como leitmotiv, la actual ha dejado de lado aspectos medulares como la evaluación y el crecimiento con base en méritos profesionales y no a arreglos sindicales o interinstitucionales. Dussel (2019) comentó que la reforma educativa de MORENA (sic) era “el mismo perro con diferente collar” aduciendo que muchos de los aspectos que había contenido la enmienda anterior, se habían mantenido con aspectos cosméticos (postura semejante a la planteada por Guevara Niebla (2021), por cierto).

En tanto, Gil-Antón (Ibídem) y Hernández Navarro (2019) criticaron la postura de Mario Delgado, a la sazón coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados. Esto, por su perspectiva incongruente ante las reformas, pues, como senador del PRD (2012-2018) avaló la Reforma Educativa del 2013, mientras, como coordinador de MORENA, aseguró que “[a la reforma neoliberal no le quedaría ni una coma]” cuando él mismo había avalado el andamiaje y el contenido de su antecesora, motivo por el cual sonaba incoherente que, ahora, se mostrara como salvador mientras él había fungido como copartícipe. Hernández por su parte (Ibídem) infiere que la reforma del 2019 era un batiburrillo, pues dejó ver, Delgado quiso quedar bien con todas las partes (sindicalismo y empresarios), motivo por el cual terminó tejiendo una reforma de corte cantinflesco. Aunado a ello, Hernández infiere una crítica semejante a las vertidas, con anterioridad, por Guevara Niebla y Dussel, que el contenido curricular de corte empresarial, seguía intacto, pero matizado.

A este respecto, cabe destacar que la reforma llevó a cabo algunos cambios curriculares y políticos: a pesar de que no quitó la evaluación, la dejó en manos de un organismo colegiado que depende de la Secretaría de Educación Pública (Mejoredu). Esto, a contrapelo de la enmienda anterior, que tenía en el INEE a un evaluador neutral e independiente (Backhoff, 2021) lo cual fue criticado por algunos personeros de la oposición quienes esgrimen que la reforma, tal y como fue concebida, podría conducir al retroceso de la educación nacional.

La Reforma Educativa del 2019, tiene puntos relevantes, aunque hay –a juicio nuestro– una mixtura entre posturas políticas y curriculares, teniendo pinceladas de estas últimas. Por tal motivo, algunos expertos en educación, como Elsie Rockwell (2019), calificaron a la enmienda como pertinente, pero incompleta en algunos aspectos.

Como muestra de esta yuxtaposición político/curricular, puede verse en el contenido de la reforma tal y como fue aprobada, de acuerdo a la propia fuente del Senado de la República10. Ahí pueden visualizarse con atención los planteamientos anteriores. Por ejemplo, la fuente en cuestión esgrime que: “la admisión, promoción y reconocimiento de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por la ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado.” Con lo cual puede verse un asidero político de la enmienda en cuestión, mismo que viene a remediar -por lo menos. De manera semejante, se pueden ver las siguientes acciones en la esfera política “La admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo o de supervisión se realizará a través de procesos de selección, y los nombramientos derivados de éstos sólo se otorgarán en términos de la ley. Además, será obligación del Estado fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, especialmente a las escuelas normales.

En el mismo artículo constitucional se dispone que en las escuelas de educación básica con alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales (Ibídem)”.

En cuanto al ámbito curricular, su incidencia puede verse reflejada en el siguiente apartado “En los planes y programas de estudio se incluyó la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad y la educación sexual y reproductiva. También, que el Ejecutivo Federal tendrá un plazo no mayor a 180 días para definir una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales” (Ibídem). Esto, porque en el párrafo en cuestión, se habla de las mejoras curriculares que habrán de realizarse, mismas que habrán de tener como asidero a la reforma educativa en mención.

Sin embargo -y de manera inexplicable- los cambios políticos y curriculares han demorado mucho tiempo en realizarse. A pesar de que la reforma se realizó a principios del 2019 (cuando el actual sexenio comenzaba), apenas a día de hoy se han comenzado a hacer profundizaciones del currículo que habrá de enseñarse en los libros de texto gratuitos, labor que fue coordinada por Marx Arriaga, a la sazón titular de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación. Apenas en el curso del presente año se han presentado los pormenores de lo que sería el nuevo Plan de Estudios nacido en el seno de la 4T, el cual, de la manera semejante a como lo fue la reforma (en su momento) buscaría incidir en el derrotero educacional, pues busca modificar la estructura en la cual se llevan a cabo los estudios, visualizando áreas de aprendizaje en lugar de los concebidos grados.

A pesar de que dichas modificaciones se encuentran en fase piloto, y planean echarse a andar hacia 2023, en lo que sería el último ciclo escolar del sexenio (https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/03/politica/nuevos-planes-de-estudio-entraran-en-vigor-en-2023-sep/), ya se han producido reacciones al mismo, siendo –al igual que en el caso de la reforma– opiniones contrapuestas. Erick Juárez (2022) ha dicho que el marco curricular tiene importantes áreas de oportunidad y visualiza un pensamiento crítico reflejado en el mismo (con lo cual se estaría rompiendo, si no de tajo, sí de manera importante con las últimas reformas educativas y con los marcos curriculares que operaron con antelación); empero, Juárez se cuestiona acerca de las maneras en las cuales se podrá guiar dicho marco progresista y si rendirá frutos a corto plazo.

Por otro lado, Sergio Negrete Cárdenas (2022) ha criticado el corpus de la reforma, señalando que busca el adoctrinamiento y no el pensamiento crítico o el reformismo. De manera semejante a como Romero Vadillo (Ibídem) visualiza la enmienda, Negrete (2022) no observa puntos positivos en el marco curricular, sino falencias que habrían de incidir de manera negativa.

En suma, considero que la Política Educativa de la autodenominada Cuarta Transformación ha tenido claroscuros notables a lo largo de estos casi cuatro años de gestión. Si bien, tanto la Reforma Educativa y el Marco Curricular han buscado incidir en la materia, la manera en la cual se ha gestionado su operación ha fluido a cuentagotas y es complejo visualizar cambios sustanciales a vuelapluma. Habrá que ver si el más reciente Marco Curricular tiene una incidencia a corto y mediano plazo o si como suele suceder en el acontecer político nacional será una enmienda de corta duración y pronta fecha de caducidad. Esto, porque como ya se ha especificado, el marco en cuestión habrá de comenzar a operarse en el ciclo escolar 2023-2024; es decir, cuando la rebatinga y el preámbulo de las elecciones presidenciales del 2024 estén a la vuelta de la esquina. Como se sabe, los comicios suelen ser la aduana para ratificar o modificar políticas (como le sucedió a Enrique Peña Nieto); y aún suena aventurado decir que este esfuerzo tendrá una eventual continuidad, incluso si el partido gobernante es ratificado. ¿Los planteamientos propuestos rendirán frutos? Será el tiempo quien se convierta en el juez último de tan mencionada empresa. Su veredicto será incólume.

Referencias

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1 Comenzada en 1810 y cristalizada en 1821.

2 Cuya consolidación se dio con la denominada República Restaurada a partir del último gobierno de Benito Juárez, en 1867.

3 La cual tuvo lugar entre 1910 y 1920, durando otra década más para poderse consolidar.

4 Signado por el gobierno (PRI) y las oposiciones, en aras de conseguir una agenda común y destrabar los conflictos legislativos que habían sido más la regla que la excepción durante los primeros.

5 Por ejemplo, la reforma eléctrica -propuesta durante el gobierno de Ernesto Zedillo- había sido rechazada por el PAN. Mientras la enmienda energética que dispuso Felipe Calderón, había causado división en el PRI. Ambas habían concitado el rechazo de las izquierdas en su conjunto.

6 Una parte importante del PRD no avaló la firma del “Pacto por México”.

7 Curiosamente, una tesis muy similar a la defendida por el propio gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

8 No obstante el endoso que había tenido por parte de la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), las bases no compartieron esa opinión y granjeó una gran animadversión contra el gobierno de Enrique Peña Nieto a corto y largo plazo. La CNTE, en cambio, mantuvo la postura crítica contra la enmienda a lo largo de todo el sexenio.

9 Había tenido una especie de coalición con MORENA desde su fundación.

10 (http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44811-aprueban-reforma-educativa-en-lo-general.html#:~:text=Con%2097%20votos%20en%20favor,por%20la%20C%C3%A1mara%20de%20Diputados.)